Las víctimas de los atentados yihadistas del 17-A, de los que este sábado se cumplen siete años, reivindican sus derechos y exigen que no se les deje caer en el olvido. El aniversario de la masacre, que dejó 16 muertos y 350 heridos reconocidos por los tribunales, se ha recordado con un acto sobrio en La Rambla de Barcelona. Pese a la austeridad de las manifestaciones públicas, el espíritu reivindicativo está más presente que nunca. Un centenar de afectados, en especial los que sufrieron secuelas psicológicas, aún no han recibido la indemnización que les corresponde. Otros, como Javier Martínez, padre del niño de tres años muerto en el atropello masivo, exigen aún saber “toda la verdad” ahora que la sentencia ya es firme y que el Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso suyo para investigar la supuesta conexión del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty —cerebro de los ataques— con los servicios de inteligencia.
Al acto en La Rambla han asistido autoridades y familiares de las víctimas mortales y heridos; entre otras, la madre del niño australiano Julian Cadman, también atropellado, como Xavi, en el paseo barcelonés. El año pasado se dejaron seis minutos de silencio a petición de las víctimas, uno “por cada año de abandono” que han percibido de las instituciones. Este año no se ha repetido la fórmula, aunque la sensación de olvido es compartida. Con puntualidad, a las 10.00, los asistentes han depositado flores en recuerdo a sus seres queridos en el memorial Pla de l’Os, situado junto al mosaico de Joan Miró, el lugar donde se detuvo la furgoneta homicida conducida por Younes Abouyaaqoub. No ha acudido al acto el president Salvador Illa, pero sí lo han hecho dos de sus consejeros: Núria Parlon (Interior) y Ramon Espadaler (Justicia).
Un grupo de personas ha exhibido, en silencio, pancartas acusando al Estado de connivencia con la masacre. “Exigimos responsabilidades”; “terrorismo de Estado”; “¿qué escondéis del 17-A?” Esas hipótesis, jaleadas por partidos como Junts, nunca han sido refrendadas ni por las investigaciones de los Mossos ni por las sentencias. Las especulaciones se basan en los contactos que, en años previos al 17-A, había mantenido el imán Es Satty con la Guardia Civil y con el CNI mientras cumplía condena en prisión por tráfico de drogas. Javier Martínez, padre de Xavi, es el que más ha peleado para que se conozca “toda la verdad” de los ataques y cree que debe seguir indagándose en esa línea.
Al séptimo aniversario se ha llegado ya con sentencia firme. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo confirmó el relato judicial sobre los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017, introdujo pequeñas modificaciones en las penas de prisión y rechazó cualquier investigación sobre los vínculos de Es Satty o sobre la posibilidad de que el imán —muerto en la explosión de Alcanar que dio al traste con los planes iniciales de la célula— siguiera vivo. El último recurso que le quedaba en España a Martínez era el del Tribunal Constitucional, que lo denegó el pasado mayo.
Recurso al TEDH
En redes sociales, Martínez ha lamentado que el Constitucional haya “denegado el derecho a la verdad” y ha pedido para presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a través de dos abogados especializados. “También esperamos la reactivación de la esperada comisión de investigación en el Congreso, el Gobierno de Pedro Sánchez debería comprometerse a desclasificar toda la documentación secreta sobre los atentados”, ha afirmado.
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Robert Manrique, víctima del atentado de ETA en Hipercor, es una de las personas que más ha trabajado para ayudar a las víctimas del 17-A. Tras el acto, ha criticado la falta de atención a las víctimas del terrorismo, ha exigido la creación de una oficina para atenderlas y de un protocolo de asistencia, además de una ley catalana específica en esa materia. Manrique ha asegurado que, más allá de homenajes puntuales que son necesarios, el recuerdo debe tomar forma de una asistencia práctica a las víctimas a lo largo de todo el año.
La sensación de abandono acompaña a las víctimas de los ataques del 17-A casi desde aquella tarde, cuando una furgoneta de alquiler conducida por Younes Abouyaaqoub irrumpió en La Rambla y arrolló a decenas de personas. Más tarde, mientras Abouyaaqoub iniciaba una huida que acabaría con su muerte días después, cuatro compañeros de la célula de Ripoll (Girona) se dirigían en coche a Cambrils, donde sembraron el caos en el paseo marítimo hasta que fueron abatidos por los Mossos.
Hubo un total de 16 muertos y casi 350 afectados, entre quienes sufrieron heridas físicas y quienes padecieron secuelas psicológicas. Muchas de ellas no se han sentido debidamente acompañadas por la administración. Y casi un centenar sigue sin haber percibido la indemnización correspondiente. Solo la ayuda de personas como Manrique y, sobre todo, la sentencia de la Audiencia Nacional contra tres miembros de la célula de Ripoll, salieron al rescate. La resolución fue pionera: sostenía que las víctimas habían sido las “grandes olvidadas” del proceso, reprochaba a los investigadores no haber sido sistemáticos en su búsqueda y concluía que debía reconocerse a los heridos, pero también a quienes habían padecido daño psicológico.
Ripoll inaugura un monumento
La vivencia de los atentados es más dolorosa si cabe en Ripoll, el pueblo donde nacieron y crecieron los jóvenes que, tras ser radicalizados por el imán Es Satty, perpetraron los atentados. Su objetivo inicial era cometer un gran ataque con explosivos en lugares emblemáticos como la Sagrada Familia o el Camp Nou. Pero una explosión fortuita en la casa de Alcanar (Tarragona) que habían ocupado mató al imán el 16 de agosto, lo que obligó a la célula, ya convencida de matar, a improvisar un plan. Los ataques dejaron una herida profunda en Ripoll que aún no ha cicatrizado y ayudaron, entre otras cosas, a aupar a la alcaldía a la ultra Sílvia Orriols, de Aliança Catalana, que atizó el miedo al islam.
La relación de Ripoll con aquellos sucesos sigue siendo controvertida. Un año después de los ataques, se celebraron unos actos “por la convivencia”. Después llegó el silencio. Hasta este año, cuando por primera vez se ha organizado un acto en homenaje a las víctimas (este domingo, a las 11.00) en el que se inaugurará un monumento encargado por el Ayuntamiento de Ripoll. Se trata de un monolito de mármol, obra del escultor local Domènec Batalla, donde se han grabado los nombres de las víctimas mortales. La obra se instalará frente al monasterio de Ripoll, un municipio en el que, por obra de Orriols, los tres condenados por los ataques —Driss Oukabir, Mohamed Houli y Said Ben Iazza― fueron declarados el pasado enero personas no gratas.
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